PROYECTO DE LEY GENERAL DEL TRABAJO:
el fin de los derechos laborales
Por Jorge Rendón Vásquez
El profesor Emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos repasa cómo en el Perú los trabajadores dejaron de gozar de beneficios que les otorgaba la ley, para ser sólo “máquinas” al servicio del empresariado.
Hacia el fin de la década del ochenta, los trabajadores peruanos gozaban de un conjunto de derechos sociales que les permitían un nivel de vida en ascenso, pese a los estragos de la astronómica inflación de ese quinquenio.
La marcha hacia esos derechos se había iniciado con la jornada de ocho horas, arrancada al gobierno oligárquico de José Pardo, en enero de 1919, con una histórica huelga. Desde entonces, la penosa y constante acción de los trabajadores, respondida por los empresarios y sus gobiernos con una sistemática persecución, la prisión, las torturas y, en no pocos casos, la muerte de los militantes sindicales, fue dejando como saldo nuevos derechos sociales.
Con el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, el cuadro de derechos laborales, individuales, colectivos y de seguridad social, se amplió considerablemente, con lo cual los trabajadores incrementaron su poder de compra e impulsaron el crecimiento de la producción nacional.
La contraofensiva de los empresarios comenzó con el gobierno de Morales Bermúdez a partir de agosto de 1975, pero fue detenida con la Constitución de 1979.
Se reanudó en 1990 con el programa electoral del candidato a la Presidencia de la República Mario Vargas Llosa, en el que se proponía lisa y llanamente suprimir la mayor parte de derechos sociales, y someter la fuerza de trabajo a las reglas del mercado, aplicando las instrucciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Tratando de defenderse, los trabajadores votaron en la segunda vuelta por el candidato rival, Alberto Fujimori, quien, gracias a ellos, ganó. Pero Fujimori no cumplió su palabra y, por el contrario, aceptó el apoyo de los empresarios, que habían respaldado al ahora Premio Nobel, y su programa neoliberal y flexibilizador. Los dejó gobernar y los derechos sociales comenzaron a caer entre agosto de 1990 y diciembre de 1991, con el consentimiento casi unánime de los grupos parlamentarios. De ese período es el Decreto Legislativo 728 que reordena las normas relativas al contrato de trabajo a favor de los empresarios.
Pero, como la campaña antilaboral no era todo lo rápida que los empresarios exigían, Fujimori, impulsado por ellos y con la activa participación de la cúpula militar se aventuró a dar el golpe de estado de abril de 1992. Luego, los empresarios y sus testaferros ya en el control del Estado les sacaron a los trabajadores el resto de sus derechos sociales más importantes. Cayeron la estabilidad laboral, la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva por rama de actividad, la jornada de ocho horas y la semana de cuarenta y ocho, y el pago por horas extras, la participación patrimonial en la empresa; los poderes del empleador para extender la duración del trabajo, trasladar al trabajador, sacarle el descanso en domingo, y sancionar fueron ampliados; se generalizó el alquiler de trabajadores con los “services” y la tercerización, etc. etc.. Económicamente todo esto les sustraía a los trabajadores una parte de su poder de compra y lo transfería a los empresarios como ganancias. Las dictaduras se implantan para eso.
Luego de la fuga de Fujimori al Japón en noviembre del 2000, los dos gobiernos siguientes les señalaron a los dirigentes de las centrales sindicales “la concertación social” como el procedimiento para recuperar los derechos sociales perdidos. Ingenuamente esperanzados, los dirigentes sindicales fueron a sentarse en la mesa del Consejo Nacional de Trabajo. Ninguno quiso escuchar la voz del sentido común que les gritaba que los empresarios jamás consentirían perder allí lo que habían logrado imponer durante el gobierno de Fujimori. Seis años después, de esas conversaciones privadas salió un proyecto de Ley General del Trabajo con el festivo aplauso de los ministros y funcionarios de Trabajo. Todos ellos decían orgullosamente que se había logrado aprobar por consenso el 85% del articulado.
Recién en la Comisión de Trabajo del Congreso de la República, el dichoso Proyecto pudo ser conocido por quienes no habían participado en su redacción. Las cúpulas sindicales habían admitido por consenso casi todas las normas dadas por el gobierno y el parlamento de Fujimori.
La resistencia al Proyecto vino de un grupo de dirigentes sindicales y de algunos juristas empeñados en la defensa de los trabajadores. Parte de esta campaña fueron mis Observaciones puntuales a los artículos del Proyecto perjudiciales a los trabajadores, en un estudio de cuarenta páginas que no pudo ser refutado.
Era tan aberrante la convalidación de la legislación antilaboral de la década de Fujimori que contenía el Proyecto que numerosos congresistas se negaron a tramitarlo y quedó bloqueado entre la Comisión de Trabajo y el Pleno del Congreso desde 2007. Sin embargo, el peligro no estaba conjurado.
Aun cuando se ignore el significado de una ley general, cualquier persona puede advertir que, aprobado ese Proyecto por el Congreso, recuperar los derechos laborales arrebatados a los trabajadores con su articulado tomará de unos veinte a treinta años. Es también claro que la restitución de esos derechos debería haber comenzado hace mucho, con la modificación de cada ley que los elimina.
En el proceso electoral de 2001, tras la fuga del país de Fujimori, se presentaron como candidatos a la Presidencia de la República otros advenedizos, en disputa con los candidatos de los dos grupos estables venidos a menos: Alan García del Partido Aprista y Lourdes Flores de la coalición derechista Unidad Nacional. La izquierda había desaparecido del panorama electoral.
En segunda vuelta, se impuso Alejandro Toledo con el 52.71%.
Su gobierno fue completamente procapitalista sin ninguna concesión a los trabajadores y otros sectores de bajos ingresos. Como él mismo lo dijo: Fujimori había puesto el primer piso y él pondría el segundo. Sus promesas a la mayoría que lo había llevado a la Presidencia fueron archivadas.
En las elecciones de 2006, se arrojaron al ruedo a tentar fortuna otros aventureros, junto a los candidatos del Partido Aprista, Alan García, y de la alianza Unidad Nacional, Lourdes Flores. Ollanta Humala, uno de aquéllos, se fue perfilando con más posibilidades en la preferencia de los votantes por sus promesas de algunos cambios económicos favorables a los grupos de ingresos más bajos. Los candidatos de izquierda no recibieron en conjunto ni el 1%.
Fue evidente que los votos que antaño iban a la izquierda se trasladaron a Ollanta Humala. Alan García prometió a los trabajadores devolverles sus derechos como la táctica que le daría una ventaja aunque fuera mínima para ganarle a Lourdes Flores y pasar a la segunda vuelta, y lo logró.
El gobierno de Alan García puso el tercer piso de la política económica neoliberal que había comenzado Fujimori. Sus promesas a los trabajadores fueron dar al basurero.
Y llegaron las elecciones de 2011 que fue otro concurso de aventureros. Se presentó de nuevo Ollanta Humala, con el apoyo de varios grupos izquierdistas, con exiguas posibilidades en las preferencias del electorado al comienzo de la campaña. Ebria de triunfalismo, la derecha, se dividió entre cuatro candidatos. El resultado de la primera vuelta fue sorpresivo: ganó Ollanta Humala con el 31.72% de los votos válidos, siguiéndole Keiko Fujimori con el 23.56%.
Para los grupos de poder económico, Ollanta Humala significaba un serio peligro por sus promesas, la composición de su improvisado partido con cierto tinte populista y la cooperación de algunos grupos de izquierda. Alejandro Toledo y su grupo apoyaron a Humala, y los otros dos candidatos de la derecha a Keiko Fujimori, con lo cual quedaban casi empatados, según las encuestas. Humala se impuso, finalmente, en la segunda vuelta, con el 51.45% de los votos válidos, luego de una campaña en la que muchos de sus partidarios y simpatizantes convencieron uno a uno a numerosos indecisos. Keiko Fujimori obtuvo el 48.55%, logrado con un fabuloso dispendio en propaganda.
La política de Ollanta Humala en el gobierno viene confirmando la regla rectora de los grupos de aventureros. Su administración se inclina por completo a favorecer al capitalismo; les ha conferido los cargos más importantes en el gobierno, y sus decisiones, orientadas a promover y cuidar sus intereses, se complementan con una drástica manera de enfrentar las manifestaciones populares que ha causado ya más de veinte de muertes. La mayor parte de ciudadanos que votaron por él en la primera vuelta y quienes lo acompañaron en la segunda, esperanzados en una conducción económica y social equilibrada que empiece a darles mayor participación en la riqueza creada, se siente abandonada, frustrada o traicionada, una situación que la propaganda mediática y las sonrisas serán incapaces de revertir.
En mi artículo sobre la ilusión absurda de conseguir una Ley General del Trabajo patronal, acariciada por las cúpulas sindicales, que circuló mucho por internet y fue publicada también por el diarioLa Primera el 9/10/2011, cuando el viraje total hacia la derecha del nuevo Presidente de la República no se había producido aún, decía: “Luego de la primera vuelta, el apoyo al candidato nacionalista se convirtió en un deber cívico de los trabajadores para impedir el triunfo de la hija del dictador Fujimori, apoyada por la derecha ultramontana y su poder mediático. Y este candidato ganó en segunda vuelta, con una ventaja de 2.9%. Tras anunciarse el resultado oficial de las elecciones, el panorama político del país cambió cualitativamente para los trabajadores. Con su permanencia asegurada en el Poder Ejecutivo y en el Congreso de la República por los cinco años siguientes, a ciertos dirigentes y representantes del Partido Nacionalista cesó de serles necesario el apoyo de los trabajadores. Más importantes para ellos son los empresarios, con cuyos exponentes teóricos y prácticos han constituido un cogobierno de hecho.”
¿Cuál es la perspectiva mediata en el panorama de nuestro desarrollo social? Bien, la continuación del actual esquema de desarrollo económico, social y jurídico basado en gran parte en la expoliación sin freno de los trabajadores y en la violación sistemática de la Constitución del Estado, o bien, su cambio sustancial. Y si elegimos el cambio, él debería traducirse en una estructura económica con mayor participación de las grandes mayorías sociales en sus planos macro y micro económico, una democracia política real, la vigencia de los derechos humanos y, como parte de ellos, de los derechos sociales, la igualdad de oportunidades para acceder al empleo, al ejercicio de los cargos públicos y a la formación profesional, y la extensión de la cultura a todos. Obviamente, esta alternativa dependerá del despertar y de la acción de las clases trabajadoras, y de la visión de los intelectuales y de otros grupos de la sociedad interesados en el progreso de nuestro pueblo.
