viernes, 6 de junio de 2014
jueves, 5 de junio de 2014
Southern Perú estima que ejecución del proyecto Tía María arrancará en 2015
Jueves, 05 de junio de 2014 | 12:29 pm
miércoles, 4 de junio de 2014
ALAN GARCÍA, FUJIMORI Y LOS TRABAJADORES MINEROS
ALAN GARCÍA, FUJIMORI Y LOS TRABAJADORES MINEROS
Por Jorge Rendón Vásquez
Profesor Emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Docteur en Droit por l´Université de Paris I (Sorbonne)
Docteur en Droit por l´Université de Paris I (Sorbonne)
Uno de los trabajos más peligrosos e insalubres es el de los mineros, no sólo el de socavón, sino también el a tajo abierto. El polvo en el espacio, por los golpes de los picos, las perforaciones, las explosiones, la remoción de las rocas y su carga en vagones y camiones penetra en los pulmones y allí se queda. En el Instituto de Salud Ocupacional se exhibían unos frascos con pulmones de mineros ennegrecidos y petrificados. La vida de un minero dura, por eso, mucho menos que la de cualquier otro trabajador.
Para obligar a las empresas a gastar en aparatos y procedimientos de protección contra el polvo, los mineros se organizaron en sindicatos desde las primeras décadas del siglo XX, y lucharon contra la crueldad de sus empleadores y la indiferencia de los gobiernos. En enero de 1935 consiguieron que se incluyera a las enfermedades profesionales (la silicosis, entre otras) entre los riesgos a ser cubiertos por la Ley de Accidentes de Trabajo 1378 de 1911. Fue muy poco y, además de ser burlada, resultó una fuente de ganancias para las empresas de seguros, que hacían naufragar o durar hasta la eternidad los juicios por indemnizaciones. También prodigó a ciertos abogados, que asumieron la defensa de los mineros, una fuente continua de ingresos. Un abogado del jirón Azángaro alquilaba un canchón contiguo a su estudio para alojar a los mineros enfermos que llegaban de la Sierra, y se quedaba con el 50% de las indemnizaciones que lograba obtener en los procesos judiciales.
Para terminar con tan calamitoso y abusivo trato a todos los trabajadores, no bien me incorporé como asesor del gobierno de Velasco Alvarado redacté una norma entregando la cobertura de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales al Seguro Social Obrero. Fue el Decreto Ley 18846, del 28/4/1971. Después, cuando elaboré el proyecto de ley del Sistema Nacional de Pensiones, materia del Decreto Ley 19990 del 24/4/1973, incluí una norma para posibilitar la reducción de la edad de jubilación de los trabajadores que prestasen servicios en condiciones de insalubridad y con otros riesgos. Era bastante, pero no todo. Después de agosto de 1975, relevado Velasco Alvarado, el capitalismo se entronizó en la dirección del Estado, y la legislación protectora de los trabajadores quedó estancada.
La lucha de los mineros se intensificó en la segunda mitad de la década del ochenta. La dirigía el carismático líder, Saúl Cantoral, trabajador de socavones y Secretario General de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros. En 1988, esta organización realizó dos grandes huelgas a las que el gobierno de Alan García respondió declarando en emergencia la actividad minera, militarizando los campamentos y autorizando los despidos de trabajadores sindicalizados. Como la acción sindical no cedía, el Congreso se vio obligado a atender la exigencia central de los mineros, aprobando la Ley 25009, en enero de 1989, por la cual se redujo la edad de jubilación a 45 años para los trabajadores de minas subterráneas y a 50 para los de tajo abierto, y se creó una contribución del 0.5% de la renta minera para complementar el financiamiento de esa jubilación adelantada.
A comienzos de 1989, la Federación Nacional de Trabajadores Mineros preparaba otra huelga para alcanzar la negociación colectiva por rama de actividad. No pudo llevarla a cabo. A Saúl Cantoral lo asesinaron de seis balazos el 13 de febrero. Con él cayó la luchadora social Consuelo García Santa Cruz. Las investigaciones y el procedimiento seguido ante la CIDH señalaron a los paramilitares del Comando Rodrigo Franco como autores de esas muertes.
Buscando contener la movilización minera, en agosto de 1989, el Poder Ejecutivo expidió los decretos supremos 030-89-TR, creando el salario mínimo minero, mayor que el general en un 25%, y 031-89-TR, instituyendo el “Día de Trabajador Minero” como feriado obligatorio pagado el 5 de diciembre.
El 21 de diciembre de 1992, el gobierno de facto de Fujimori abolió la contribución del 0.5% de la renta minera para la jubilación minera, calificándola de “sobrecosto”, por el Decreto Ley 25988. Fue como regalarles a las empresas mineras varias centenas de millones de dólares. ¿Cuánto les tocó a Fujimori y sus adláteres?, porque ellos tampoco daban puntada sin nudo.
Luego, la Federación de Trabajadores Mineros y otras organizaciones sindicales se sumieron en cierto letargo, mientras el gobierno de Fujimori y sus asesores empresariales hacían desaparecer otros derechos sociales.
La reacción para recuperar el financiamiento de la pensión complementaria minera partió de las bases mineras que, en 2006, obligaron a los dirigentes de la Federación Minera a solicitar al Congreso de la República una ley con ese contenido. Para entonces ya habían aparecido las Federaciones Macroregionales de Trabajadores Mineros del Sur del Perú, del Centro del Perú y de Huancavelica, que agrupaban a la mayor parte de trabajadores mineros e hicieron de la tramitación de ese proyecto una parte central de su actividad. Firmaron el proyecto varios representantes del Partido Nacionalista y de otros grupos políticos.
A fines de ese año, los dirigentes de estas federaciones recabaron mi asesoramiento. Acepté y propuse de inmediato corregir el proyecto para comprender también a los trabajadores mineros tercerizados e intermediados y añadirle otras precisiones. Pese al permanente esfuerzo de las Federaciones Macroregionales, el proyecto caminó con extremada lentitud por los obstáculos amontonados por un no disimulado lobby minero. Finalmente, en junio de 2009, el Pleno del Congreso aprobó la ley de creación del Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica con el aporte equivalente al 0.5% de la renta minera y la cotización del 0.5% de las remuneraciones de los trabajadores.
Remitida a la Presidencia de la República para su promulgación, Alan García la observó, aduciendo que se trataba de un inadmisible tributo y un sobrecosto cargado a las empresas mineras, y devolvió la autógrafa al Congreso. Redacté entonces un informe demostrando que la naturaleza jurídica de esa contribución es la de un aporte de Seguridad Social, sujeto al artículo 12º de la Constitución, en tanto que los tributos se rigen por el art. 74º de la Constitución y tienen otro destino. Sobre la base de mi informe, en diciembre de 2009, el Pleno del Congreso, aprobó de nuevo la ley con algunos agregados, y la envió a la Presidencia de la República. Alan García volvió a observarla el 18 de enero de 2010, último día que podía hacerlo, repitiendo sus argumentos de la vez anterior que ya habían sido desechados.
En abril del 2010, la Comisión de Trabajo hubiera podido someter al Pleno del Congreso la ley observada. Pero su presidente se resistió a dar ese paso. La razón: la Federación de Trabajadores Mineros, conducida por un tal Castillo con el apoyo de la cúpula de la CGTP de la cual era parte, hizo llegar a la Comisión de Trabajo un proyecto de ley para crear una Caja de Jubilación del Trabajador Minero con una frondosa burocracia. Obviamente, aconsejé a las Federaciones Macroregionales rechazar esta tentativa destinada a dejar sin efecto la ley aprobada, enfangándola en la discusión de un nuevo proyecto. El enemigo estaba ahora dentro de las filas de los trabajadores mineros.
La presidenta de la Comisión de Trabajo, elegida en agosto, continuó esta política dilatoria. A fines de octubre mis patrocinados obtuvieron que la Comisión de Trabajo me invitase a hacer una exposición. Comencé preguntando si el “proyecto” de la Caja había ingresado por la Mesa de Partes del Congreso con las firmas de cinco representantes cuando menos. La respuesta fue negativa. “Entonces —dije— no es un proyecto y es ilegal darle trámite.” Fue suficiente para tirar al basurero ese papel agregado indebidamente al expediente. La ley de creación del Fondo Complementario de Jubilación Minera fue puesta a debate por el Pleno recién a comienzos de julio de 2011 y aprobada por más de ochenta votos. La promulgó el Presidente del Congreso, puesto que se trataba de una insistencia. Es la Ley 29741, del 7/7/2011, vigente a partir del año siguiente.
Poco después redacté el proyecto del reglamento de esta ley, por el cual se debía encargar la gestión de la jubilación complementaria minera a la ONP. El jefe de esta entidad se opuso sin fundamento, trabando la aplicación de la Ley. Siguieron las presiones de las Federaciones Macroregionales hasta que lograron se diera el reglamento con la disposición indicada, por el Decreto Supremo 001-2013-TR, el 25 de abril de 2013, es decir 21 meses después de publicada la Ley.
El año 2012, el 0.5% de la renta minera para el Fondo Complementario de Jubilación Minera pasó de 100 millones de dólares. De no haber observado Alan García esta Ley en 2009, el aporte correspondiente a 2010 y 2011 hubiera llegado a más de 200 millones de dólares que las empresas mineras se eximieron de pagar. Si, como él dijo, “la plata viene sola”, sólo el 10% de una comisión invisible por esa suma habría sido un apetitoso mordisco. ¿Lo recibió? Y, si hubiera logrado impedir la emisión de esta ley, ¿cuánto hubiera sido la suya?
(2/6/2014)
PRONUNCIAMIENTO CUT JUNIN EXIGIENDO REPOSICIÓN DE DIRIGENTES DE SUTSA INIA
CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES DEL PERU
REGION JUNÍN
PRONUNCIAMIENTO
El
comité Ejecutivo Regional, de la Central
Unitaria de Trabajadores del Perú
REGION-JUNIN, en su
última reunión acordó, hacer llegar su enérgica protesta en CONTRA de la acción despótica y
hostigamiento a nuestros hermanos LIDERES SINDICALES NACIONALES Y TRABAJADORES/AS del Instituto
Nacional de Innovación
Agraria, de parte
del tristemente célebre “jefe
nacional” J. ARTURO FLORES MARTINEZ del INIA, en complicidad con los
Funcionarios fiel sirvientes de las TRANSNACIOLES MUNDIALES.
Que,
mediante RESOLUCION JEFATURAL Nº 00132/2014-INIA, de fecha 08-05-2014 instituye una sanción
injusta por el termino de un año sin
goce de remuneraciones a nuestro Líder Sindical Nacional JOSE JESUS GUERRERO
FLORES, por el simple acto de denunciar
ante el pueblo Peruano, sobre las acciones
aterradoras de parte del “ilustrísimos jefe” J. ARTURO FLORES MARTINEZ en
confabulación con los arrimados funcionarios del Ministro de Agricultura, quienes
están plenamente decididos en liquidar totalmente a los BANCOS DE GERMOPLASMA DE FRUTALES, Patrimonio del Pueblo
Peruano, con la aprobación del Ministro de Agricultura. De estas violencias
de parte de los peleles de las transnacionales mundiales, el Pueblo Peruano
tiene el legítimo derecho de estar
informado y defender el patrimonio del Perú
inclusive con derramamiento de sangre. Puesto que, estas acciones apresuradas de
parte de los acólitos del Ministro de
Agricultura ¡no es nada gratis, por que primero, está sus apetitos desmedidas convertirse en
millonarios bajo la inmolación
atroz del Pueblo Peruano!.
Así
mismo, sancionan en forma muy atroz a un profesional Cabal Investigador Agrario
como es al Ing. WILLIAM DAGA AVALOS, solamente por fundamentar lógica y
científicamente, lo manifestado por el Líder Sindical, José Jesús Guerrero Flores, hoy ambos sancionados por manifestar la
verdad .
EN CONSECUENCIA: CONSIDERAMOS INJUSTO, LA SANCION IMPUESTA POR EL “JEFE” DEL INIA, Y
POR EL CUAL, DESDE LA HEROICA CIUDAD DE
HUANCAYO-JUNÍN, EXIGIMOS AL, MINISTRO DE AGRICULTURA Y AL PRESIDENTE DEL PERU,
OLLANTA HUMALA TASSO, LA SOLUCIÓN Y LA REPOSICION INMEDIATA DE LOS LIDERES SINDICALES AFECTADOS Y RESTITUIR TOTALMENTE LOS DERECHOS
CONCULCADOS Y EL DESAGRAVIO
PUBLICO DE LOS AGRAVIOS A NUESTROS LIDERES SINDICALES, DEJANDO DE LADO LA XENOFOBIA
HACIA LOS/AS TRABAJADORES/AS VERDADEROS PROBOS, QUE ESTÁN AL SERVICIO
DEL PUEBLO PERUANO PARA INFORMAR LOS SUCESOS FIDEDIGNAS AL PAÍS ENTERO.
NUESTRA SOLIDARIDAD CON LA LUCHA JUSTA DE LOS
MEDICOS Y PROFESIONALES DE LA SALUD DEL PERU,
¡¡AHORA O NUNCA, UNIDAD SINDICAL, PARA DEFENDER LOS DERECHOS CONCULCADOS
DE LOS TRABAJADORES/AS DEL PERU, POR LOS GOBIERNO DE TURNO: NACIONAL Y REGIONAL!!
COMITÉ
EJECUTIVO CUT PERU- REGION JUNIN.
Huancayo, 02 de Junio 2014
ABAD ROQUE GUEVARA
SIMEON ORIHUELA INGA JAVIER
RIOS VAZQUES
PRESIDENTE
SEC. DEFENSA DD. HH. SEC. ORGANIZACIÓN.
jueves, 22 de mayo de 2014
JHAIR UN VERDADERO CAMPEON DE LA LUCHA Y LA ESPERANZA DE VIVIR
Mundial Brasil 2014: JHAIR Niño peruano que venció al cáncer recibió la Copa del mundo
Y conoció a Paolo Guerrero.
    |
22 de Mayo del 2014
Jhair, es un niño que a su corta edad ha tenido que enfrentarse a una de las enfermedades más terribles del mundo: el cáncer.
Pero no está solo, gracias al apoyo de personas caritativas y de la ONG Magia, el pequeño no solo logró superar este mal, sino también cumplir uno de sus sueños.
El llegó así al país de la samba, Brasil, para levantar la Copa del Mundo en el estadio Maracaná.
'Tú venciste al cáncer, tú eres un campeón', le dicen en el coloso.
Jhair carga el trofeo que recibirá el campeón del torneo mundial con una gran sonrisa.
Cabe destcar que la organización Magia se encarga de apoyar a menores de edad que necesitan una mejor calidad de vida para afrontar el cáncer.
Por eso, este 22 y 23 puedes realizar tus donaciones enScotiabank. Solo debes preguntar por la cuenta de Magia y realizar tu donación.
Jhair, es un niño que a su corta edad ha tenido que enfrentarse a una de las enfermedades más terribles del mundo: el cáncer.
Pero no está solo, gracias al apoyo de personas caritativas y de la ONG Magia, el pequeño no solo logró superar este mal, sino también cumplir uno de sus sueños.
El llegó así al país de la samba, Brasil, para levantar la Copa del Mundo en el estadio Maracaná.
'Tú venciste al cáncer, tú eres un campeón', le dicen en el coloso.
Jhair carga el trofeo que recibirá el campeón del torneo mundial con una gran sonrisa.
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Por eso, este 22 y 23 puedes realizar tus donaciones enScotiabank. Solo debes preguntar por la cuenta de Magia y realizar tu donación.
jueves, 1 de mayo de 2014
PROYECTO DE LEY GENERAL DEL TRABAJO: el fin de los derechos laborales
PROYECTO DE LEY GENERAL DEL TRABAJO:
el fin de los derechos laborales
Por Jorge Rendón Vásquez
El profesor Emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos repasa cómo en el Perú los trabajadores dejaron de gozar de beneficios que les otorgaba la ley, para ser sólo “máquinas” al servicio del empresariado.
Hacia el fin de la década del ochenta, los trabajadores peruanos gozaban de un conjunto de derechos sociales que les permitían un nivel de vida en ascenso, pese a los estragos de la astronómica inflación de ese quinquenio.
La marcha hacia esos derechos se había iniciado con la jornada de ocho horas, arrancada al gobierno oligárquico de José Pardo, en enero de 1919, con una histórica huelga. Desde entonces, la penosa y constante acción de los trabajadores, respondida por los empresarios y sus gobiernos con una sistemática persecución, la prisión, las torturas y, en no pocos casos, la muerte de los militantes sindicales, fue dejando como saldo nuevos derechos sociales.
Con el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, el cuadro de derechos laborales, individuales, colectivos y de seguridad social, se amplió considerablemente, con lo cual los trabajadores incrementaron su poder de compra e impulsaron el crecimiento de la producción nacional.
La contraofensiva de los empresarios comenzó con el gobierno de Morales Bermúdez a partir de agosto de 1975, pero fue detenida con la Constitución de 1979.
Se reanudó en 1990 con el programa electoral del candidato a la Presidencia de la República Mario Vargas Llosa, en el que se proponía lisa y llanamente suprimir la mayor parte de derechos sociales, y someter la fuerza de trabajo a las reglas del mercado, aplicando las instrucciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Tratando de defenderse, los trabajadores votaron en la segunda vuelta por el candidato rival, Alberto Fujimori, quien, gracias a ellos, ganó. Pero Fujimori no cumplió su palabra y, por el contrario, aceptó el apoyo de los empresarios, que habían respaldado al ahora Premio Nobel, y su programa neoliberal y flexibilizador. Los dejó gobernar y los derechos sociales comenzaron a caer entre agosto de 1990 y diciembre de 1991, con el consentimiento casi unánime de los grupos parlamentarios. De ese período es el Decreto Legislativo 728 que reordena las normas relativas al contrato de trabajo a favor de los empresarios.
Pero, como la campaña antilaboral no era todo lo rápida que los empresarios exigían, Fujimori, impulsado por ellos y con la activa participación de la cúpula militar se aventuró a dar el golpe de estado de abril de 1992. Luego, los empresarios y sus testaferros ya en el control del Estado les sacaron a los trabajadores el resto de sus derechos sociales más importantes. Cayeron la estabilidad laboral, la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva por rama de actividad, la jornada de ocho horas y la semana de cuarenta y ocho, y el pago por horas extras, la participación patrimonial en la empresa; los poderes del empleador para extender la duración del trabajo, trasladar al trabajador, sacarle el descanso en domingo, y sancionar fueron ampliados; se generalizó el alquiler de trabajadores con los “services” y la tercerización, etc. etc.. Económicamente todo esto les sustraía a los trabajadores una parte de su poder de compra y lo transfería a los empresarios como ganancias. Las dictaduras se implantan para eso.
Luego de la fuga de Fujimori al Japón en noviembre del 2000, los dos gobiernos siguientes les señalaron a los dirigentes de las centrales sindicales “la concertación social” como el procedimiento para recuperar los derechos sociales perdidos. Ingenuamente esperanzados, los dirigentes sindicales fueron a sentarse en la mesa del Consejo Nacional de Trabajo. Ninguno quiso escuchar la voz del sentido común que les gritaba que los empresarios jamás consentirían perder allí lo que habían logrado imponer durante el gobierno de Fujimori. Seis años después, de esas conversaciones privadas salió un proyecto de Ley General del Trabajo con el festivo aplauso de los ministros y funcionarios de Trabajo. Todos ellos decían orgullosamente que se había logrado aprobar por consenso el 85% del articulado.
Recién en la Comisión de Trabajo del Congreso de la República, el dichoso Proyecto pudo ser conocido por quienes no habían participado en su redacción. Las cúpulas sindicales habían admitido por consenso casi todas las normas dadas por el gobierno y el parlamento de Fujimori.
La resistencia al Proyecto vino de un grupo de dirigentes sindicales y de algunos juristas empeñados en la defensa de los trabajadores. Parte de esta campaña fueron mis Observaciones puntuales a los artículos del Proyecto perjudiciales a los trabajadores, en un estudio de cuarenta páginas que no pudo ser refutado.
Era tan aberrante la convalidación de la legislación antilaboral de la década de Fujimori que contenía el Proyecto que numerosos congresistas se negaron a tramitarlo y quedó bloqueado entre la Comisión de Trabajo y el Pleno del Congreso desde 2007. Sin embargo, el peligro no estaba conjurado.
Aun cuando se ignore el significado de una ley general, cualquier persona puede advertir que, aprobado ese Proyecto por el Congreso, recuperar los derechos laborales arrebatados a los trabajadores con su articulado tomará de unos veinte a treinta años. Es también claro que la restitución de esos derechos debería haber comenzado hace mucho, con la modificación de cada ley que los elimina.
En el proceso electoral de 2001, tras la fuga del país de Fujimori, se presentaron como candidatos a la Presidencia de la República otros advenedizos, en disputa con los candidatos de los dos grupos estables venidos a menos: Alan García del Partido Aprista y Lourdes Flores de la coalición derechista Unidad Nacional. La izquierda había desaparecido del panorama electoral.
En segunda vuelta, se impuso Alejandro Toledo con el 52.71%.
Su gobierno fue completamente procapitalista sin ninguna concesión a los trabajadores y otros sectores de bajos ingresos. Como él mismo lo dijo: Fujimori había puesto el primer piso y él pondría el segundo. Sus promesas a la mayoría que lo había llevado a la Presidencia fueron archivadas.
En las elecciones de 2006, se arrojaron al ruedo a tentar fortuna otros aventureros, junto a los candidatos del Partido Aprista, Alan García, y de la alianza Unidad Nacional, Lourdes Flores. Ollanta Humala, uno de aquéllos, se fue perfilando con más posibilidades en la preferencia de los votantes por sus promesas de algunos cambios económicos favorables a los grupos de ingresos más bajos. Los candidatos de izquierda no recibieron en conjunto ni el 1%.
Fue evidente que los votos que antaño iban a la izquierda se trasladaron a Ollanta Humala. Alan García prometió a los trabajadores devolverles sus derechos como la táctica que le daría una ventaja aunque fuera mínima para ganarle a Lourdes Flores y pasar a la segunda vuelta, y lo logró.
El gobierno de Alan García puso el tercer piso de la política económica neoliberal que había comenzado Fujimori. Sus promesas a los trabajadores fueron dar al basurero.
Y llegaron las elecciones de 2011 que fue otro concurso de aventureros. Se presentó de nuevo Ollanta Humala, con el apoyo de varios grupos izquierdistas, con exiguas posibilidades en las preferencias del electorado al comienzo de la campaña. Ebria de triunfalismo, la derecha, se dividió entre cuatro candidatos. El resultado de la primera vuelta fue sorpresivo: ganó Ollanta Humala con el 31.72% de los votos válidos, siguiéndole Keiko Fujimori con el 23.56%.
Para los grupos de poder económico, Ollanta Humala significaba un serio peligro por sus promesas, la composición de su improvisado partido con cierto tinte populista y la cooperación de algunos grupos de izquierda. Alejandro Toledo y su grupo apoyaron a Humala, y los otros dos candidatos de la derecha a Keiko Fujimori, con lo cual quedaban casi empatados, según las encuestas. Humala se impuso, finalmente, en la segunda vuelta, con el 51.45% de los votos válidos, luego de una campaña en la que muchos de sus partidarios y simpatizantes convencieron uno a uno a numerosos indecisos. Keiko Fujimori obtuvo el 48.55%, logrado con un fabuloso dispendio en propaganda.
La política de Ollanta Humala en el gobierno viene confirmando la regla rectora de los grupos de aventureros. Su administración se inclina por completo a favorecer al capitalismo; les ha conferido los cargos más importantes en el gobierno, y sus decisiones, orientadas a promover y cuidar sus intereses, se complementan con una drástica manera de enfrentar las manifestaciones populares que ha causado ya más de veinte de muertes. La mayor parte de ciudadanos que votaron por él en la primera vuelta y quienes lo acompañaron en la segunda, esperanzados en una conducción económica y social equilibrada que empiece a darles mayor participación en la riqueza creada, se siente abandonada, frustrada o traicionada, una situación que la propaganda mediática y las sonrisas serán incapaces de revertir.
En mi artículo sobre la ilusión absurda de conseguir una Ley General del Trabajo patronal, acariciada por las cúpulas sindicales, que circuló mucho por internet y fue publicada también por el diarioLa Primera el 9/10/2011, cuando el viraje total hacia la derecha del nuevo Presidente de la República no se había producido aún, decía: “Luego de la primera vuelta, el apoyo al candidato nacionalista se convirtió en un deber cívico de los trabajadores para impedir el triunfo de la hija del dictador Fujimori, apoyada por la derecha ultramontana y su poder mediático. Y este candidato ganó en segunda vuelta, con una ventaja de 2.9%. Tras anunciarse el resultado oficial de las elecciones, el panorama político del país cambió cualitativamente para los trabajadores. Con su permanencia asegurada en el Poder Ejecutivo y en el Congreso de la República por los cinco años siguientes, a ciertos dirigentes y representantes del Partido Nacionalista cesó de serles necesario el apoyo de los trabajadores. Más importantes para ellos son los empresarios, con cuyos exponentes teóricos y prácticos han constituido un cogobierno de hecho.”
¿Cuál es la perspectiva mediata en el panorama de nuestro desarrollo social? Bien, la continuación del actual esquema de desarrollo económico, social y jurídico basado en gran parte en la expoliación sin freno de los trabajadores y en la violación sistemática de la Constitución del Estado, o bien, su cambio sustancial. Y si elegimos el cambio, él debería traducirse en una estructura económica con mayor participación de las grandes mayorías sociales en sus planos macro y micro económico, una democracia política real, la vigencia de los derechos humanos y, como parte de ellos, de los derechos sociales, la igualdad de oportunidades para acceder al empleo, al ejercicio de los cargos públicos y a la formación profesional, y la extensión de la cultura a todos. Obviamente, esta alternativa dependerá del despertar y de la acción de las clases trabajadoras, y de la visión de los intelectuales y de otros grupos de la sociedad interesados en el progreso de nuestro pueblo.
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jueves, 24 de abril de 2014
FORO METROPOLITANO: "Alcances de la Ordenanza 984 y sus Modificatorias"
Bajo la conducción de su Secretario General , Manuel Sulca Escalante se realizó, hoy, 24 de Abril del 2014, un exitoso FORO METROPOLITANO de FEDEVAL en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima sobre "Alcances de la Ordenanza 984 y sus Modificatorias"
También se incluyeron, los temas del Programa CAPITALIZANDO, sobre ahorro asociativo, y, los Alcances de la Conferencia 103 de la OIT sobre Recomendación de Transicion de la Economía Informal a la Formalidad, que se realizará en Ginebra en Mayo del presente año.
Participaron el pleno de la Directiva y Afiliados de FEDEVAL, las Gerencias de Fiscalización y la de Desarrollo Económico de la MUNILIMA y el PROSIE. El magnífico evento tuvo como sede, el local de PROTRANSPORTE, en el centro de Lima.
De esta manera la concertación y el diálogo social, siguen demostrando, que es el mejor camino, para solucionar, los múltiples y diversos problemas, que aquejan a los trabajadores y trabajadoras autoempleados que limitan ostensiblemente, sus derechos fundamentales y el bienestar del cual son actores principales.
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